Las organizaciones indígenas, originarias y campesinas de tierras altas, tierras bajas y la Amazonía boliviana, reunidas en el Encuentro Nacional por la Tierra y Territorio, exigen la abrogación inmediata de la Ley 1720, por considerarla inconstitucional, inconsulta y una amenaza a los derechos territoriales.

El encuentro, desarrollado los días 13 y 14 de abril, reunió a cerca de 200 participantes de más de 30 organizaciones del país y fue convocado en el marco de la construcción de una Agenda Nacional de Tierra y Territorio, orientada a la defensa de los derechos colectivos y ambientales.

Como principal resolución, las organizaciones demandaron la abrogación de la Ley 1720 (antes Ley 157), señalando que promueve la concentración de la tierra, debilita la protección de la pequeña propiedad campesina y abre paso a la mercantilización del territorio.

Durante el encuentro también se manifestó un rechazo contundente a los mercados de carbono, advirtiendo que constituyen mecanismos de mercantilización del territorio impulsados sin consulta previa, libre e informada, lo que podría afectar el control territorial de los pueblos indígenas. En esa línea, rechazaron los proyectos vinculados a bonos de carbono y exigieron el rechazo al Proyecto de Ley de Regulación del mercado de créditos y cuota de emisión de gases de efecto invernadero (Ley 060/2025).

En el marco del trabajo colectivo, se aprobó una agenda estructurada en cuatro ejes: tierra y territorio; medio ambiente y cambio climático; derechos colectivos y justicia indígena; y soberanía alimentaria.

Entre las principales demandas, las organizaciones exigieron la titulación colectiva de los territorios indígenas en proceso y pendientes, en función de las demandas históricas y los Estudios de Necesidades Espaciales.

“Exigimos la titulación colectiva de nuestros territorios, una deuda histórica que aún no ha sido saldada”, afirmó Wilma Mendoza, presidenta de la CNAMIB.

Asimismo, se ratificó el respeto a las Tierras Comunitarias de Origen (TCO) y Territorios Indígena Originario Campesinos (TIOC), el cumplimiento obligatorio de la consulta previa, libre e informada, y la revisión de contratos vinculados a bonos de carbono firmados sin consentimiento.

En el ámbito ambiental, se rechazaron actividades extractivas como la minería, hidrocarburos y proyectos asociados a tierras raras, por sus impactos en la biodiversidad, el agua y la vida de las comunidades. En cuanto a soberanía alimentaria, se reafirmó el rechazo a los transgénicos y a los modelos de monocultivo.

El encuentro también definió acciones concretas, entre ellas la conformación de una Comisión Interterritorial Indígena, la articulación de una plataforma nacional de demandas y la activación de una ruta jurídica, política y comunicacional.

Las organizaciones se declararon en resistencia en todos sus territorios, advirtiendo que defenderán la tierra, el territorio y la vida como bases irrenunciables de su existencia.

El encuentro concluyó con un llamado a la unidad del movimiento indígena originario campesino para frenar la Ley 1720 y otras normativas que ponen en riesgo los derechos colectivos y el futuro de las nuevas generaciones.